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miércoles, 11 de junio de 2014

117 municipios con enorme vulnerabilidad ante fenómeno del Niño


Un llamado enérgico a autoridades y a la ciudadanía lanzó la Defensoría del Pueblo para que se ahorre agua y se vigilen adecuadamente las fuentes hídricas, esto ante los graves pronósticos de sequía emitidos por el fenómeno del Niño, que, según el Ideam, se presentará en el país a finales del año.

Según la entidad, hay 117 municipios que enfrentan una enorme vulnerabilidad y podrían sufrir permanente escasez de agua potable.

Ciudades como Santa Marta y Yopal, en momentos en que el país vive el final de su primera temporada invernal, ya enfrentan racionamientos del líquido sin que se vean correctivos a la vista. A esto se suma un elevado déficit en el volumen de las aguas lluvias en amplias zonas de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila e incluso buena parte de la Costa Pacífica, incluido Chocó

Para el caso de Santa Marta, la Defensoría insiste en que no obstante el plan de contingencia adoptado por Metroagua mediante labores de mantenimiento, interconexión y corte de líneas fraudulentas en sectores como Puerto Mosquito, Quebrada del Sena y el tramo Rodadero-Gaira, "estas acciones son insuficientes teniendo en cuenta que desde agosto del año pasado, el 60 por ciento de los habitantes de esa ciudad no tiene acceso adecuado al líquido vital, situación que se agrava con el déficit tanto en los ríos como en las plantas de tratamiento, que según cifras oficiales, supera los 3.260 litros por segundo para los caudales y 590 litros por segundo en las plantas.

A este panorama en la capital del Magdalena se suma la crisis que viven en Aracataca, Pueblo Viejo y Pibijay, donde también se enfrentan problemas de acceso y abastecimiento.

En Yopal, por su parte, desde hace tres años la población, que supera los 350 mil habitantes, se sigue abasteciendo con carrotanques.

Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales, gobernaciones, alcaldías y empresas prestadoras de servicios públicos, a que no solo adopten los planes de contingencia, sino para que diseñen una política pública que garantice el derecho al acceso al agua.
 
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