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martes, 2 de septiembre de 2014

Petro saldría de nuevo de su cargo


Ante la noticia de que la Sala Plena del Consejo de Estado sería la encargada de revisar en segunda instancia las medidas cautelares otorgadas al alcalde Gustavo Petro, el equipo jurídico del mandatario se prepara para tratar de frenar la determinación. Aunque aún no se conocen las razones de fondo del alto tribunal, los abogados ya preparan una solicitud de nulidad en contra de la decisión. El tema no es menor, ya que de ser revocadas las cautelares, el alcalde podría salir de nuevo del cargo.

Hasta donde se conoce, una de las razones del Consejo de Estado para revisar en pleno las medidas cautelares es porque el caso tendría “importancia jurídica y trascendencia social”. En este sentido, ya no sería la subsección segunda, sino los 27 juristas de este alto tribunal los que definirían si la protección que le concedieron a Petro se mantiene o no. Son los togados los que precisarían si Petro continuaría en el cargo o si por el contrario se debe acatar el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con el abogado de Petro, Héctor Carvajal, en la Sala Plena, citada para hoy, los magistrados aún no podrían tratar el tema. Por esa razón los abogados del mandatario están a la espera de ser notificados de la decisión para solicitar la nulidad. Por la importancia del tema, argumentarían en el recurso legal que se violó el debido proceso, ya que, según ellos, el actual Código de Procedimiento Administrativo señala que esta revisión en Sala Plena la tiene que pedir la Sección Segunda del Consejo de Estado y eso no ha ocurrido.

El temor de fondo del alcalde sería que durante la batalla jurídica que tiene con el procurador general, Alejandro Ordóñez, este último ha tenido las de ganar cuando se trata de tener mayorías en el Consejo de Estado. Así ocurrió con la tutela que le fue negada y que buscaba tumbar el fallo de destitución del Ministerio Público.

El abogado Luis Parra, miembro del equipo de defensa del alcalde, aseguró que hay fuertes presiones detrás del caso Petro en el Consejo de Estado. Se preguntó, en diálogo con El Espectador, por qué el caso del exalcalde de Medellín Alonso Salazar no fue aceptado para revisión en Sala Plena y el de su defendido sí. Afirmó que detrás del proceso del alcalde “hay grupos económicos y de poder que no comparten la política de Petro y creen que a través de instrumentos jurídicos pueden destituirlo cuando no hay razones suficientes para ello”.

Por lo pronto, durante el análisis que hizo la Sala Plena del Consejo de Estado de las tutelas interpuestas que se le negaron al alcalde Petro, quedaron en evidencia ocho impedimentos, que serían clave a la hora de entender las fuerzas que existen en este alto tribunal. Los magistrados María Claudia Rojas, Bertha Lucía Ramírez, Jaime Orlando Santofimio, Luis Rafael Vergara, Enrique Gil Botero, Carmen Teresa Ortiz, María Elizabeth García y Lucy Jeannette Bermúdez se declararon impedidos para conocer el tema. Siete de ellos argumentando tener familiares en la Procuraduría o en Alcaldía Mayor de Bogotá. Sólo la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, lo hizo por un motivo diferente.

Sin embargo, al final, los impedimentos fueron rechazados, ya que según los magistrados del alto tribunal ninguno de los cargos desempeñados por las personas cercanas a los jueces tenían injerencia o relación con el proceso de Gustavo Petro y, por lo tanto, “no existía un interés directo”.

Al final de la batalla jurídica el procurador Ordóñez ganó la pelea y Petro perdió la ‘tutelatón’ contra el fallo que lo destituía del puesto. La votación fue 14 contra 11, y entonces se impuso la tesis de que había otros medios de “defensa idóneos que contemplan las medidas cautelares en forma amplia”. Medidas que finalmente se le concedieron al alcalde hace cuatro meses, cuando presentó la demanda de nulidad contra el fallo de la Procuraduría, mientras no haya una decisión de fondo.

Hoy su equipo de defensa asegura que si la Sala Plena revisa las cautelares deberá obrar en derecho y eso significaría permitir que Petro termine su período. Por ahora todo puede pasar y una nueva interinidad del alcalde de Bogotá es un escenario que tampoco se puede descartar.
 
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