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sábado, 14 de noviembre de 2015

La nueva política de tierras y el malestar indígena


Con el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 102, les fueron entregadas facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para “durante un período de seis meses, suprimir o escindir las entidades del sector agropecuario encargadas de ejecutar la política de tierras y desarrollo rural, y de crear las nuevas instituciones necesarias para asumir estas funciones”. Hasta el momento no se ha dicho nada, pero El Espectador conoció que ya está listo el decreto que contempla la creación de la nueva autoridad nacional de tierras, sus miembros y funciones.

Llama la atención que este proceso se ha hecho en voz baja. Las comunidades indígenas reclaman porque no se les ha tenido en cuenta al tratar el contenido de la entidad que reemplazará al Incoder y en el Congreso la comisión encargada de hacer seguimiento a las facultades extraordinarias dadas al jefe de Estado para reformar la institucionalidad agraria no ha recibido un solo informe de los planes del Gobierno.
Contrario a este silencio, los avances que se vienen dando en el Ministerio de Agricultura sobre el tema son claros. Se trata de la eliminación definitiva del Incoder por su incapacidad para manejar temas diversos como la política agropecuaria y de desarrollo rural, el acceso a factores productivos y la articulación de las acciones institucionales con la ruralidad.
Por eso se crearán el fondo de desarrollo rural y la autoridad nacional de tierras. Sobre esta última, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha señalado que se trata de “una entidad de carácter nacional, importante, que centralice todo el manejo de las tierras en nuestro país. Es una manera ágil y oportuna, y no seguir peleando por los predios, los propietarios y otros factores que han impedido que las cosas se den”.
Según conoció este diario, a mediados de diciembre el presidente Santos estará firmando el decreto de la nueva autoridad nacional de tierras, incluso, aseguran que el gerente será Jairo Mesa, actual subgerente de tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Aunque las facultades extraordinarias no le permiten al presidente Santos actuar al margen de las leyes que existen en materia de tierras (Ley 160 de 1994), sí se plantean cambios sustanciales con los que prometen mayor eficiencia, capacidad de atender población, tiempos más rápidos de respuesta y mejor capacidad técnica.
Un asunto que no es de poca monta, pues la nueva institucionalidad tendrá la posibilidad de adquirir, expropiar y acreditar tierras para la expropiación agrícola. Asunto que va de la mano con la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que fue aprobada esta semana en tercer debate en el Senado y que los congresistas de la oposición han calificado como “una estrategia para legalizar la acumulación de baldíos por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras”.
Pero nuevamente la consulta a las comunidades indígenas podría llevar al fracaso la iniciativa. Por medio de un escueto documento de siete páginas, el Ministerio de Agricultura les informó a la Mesa Permanente de Concertación Indígena los cambios que tendría el Incoder, el funcionamiento de la nueva entidad y cómo se compondría su consejo directivo. La propuesta no fue bien recibida, fue calificada de incompleta y ya decidieron demandar ante la Corte Constitucional.
La manzana de la discordia está precisamente en la composición del consejo directivo. A juicio de los indígenas, de sus trece miembros se mantiene la participación de un indígena, un afro y un campesino; los demás representan al Gobierno y los intereses económicos. Por el contrario, proponen abrir espacios a mujeres, al Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura y que la composición sea equitativa.
Los indígenas sostienen que una nueva entidad no va a cambiar los vicios habituales en políticas de tierras, como la manipulación topográfica, el clientelismo, las trampas jurídicas y la participación inequitativa de los grupos étnicos, que se ha convertido en un punto de honor.
Lo cierto es que mientras en el Ministerio de Agricultura a puerta cerrada avanzan en la construcción de la nueva institucionalidad en tierras, los grupos étnicos reciben poca información de la propuesta que va a ser firmada en diciembre y el Congreso no tiene claros los alcances de estas facultades extraordinarias, ya se anuncia una demanda contra la nueva autoridad nacional de tierras.
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