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domingo, 22 de noviembre de 2015

Paramilitarismo amenaza cese de fuego de las FARC


“La Veeduría Social del cese unilateral de fuego y desescalamiento del conflicto constata la tendencia de los últimos tres meses de disminución de la confrontación armada entre las partes en diálogo”, es la descripción del octavo informe de Veeduría Social al cese al fuego unilateral decretado por la insurgencia de las FARC-EP desde el pasado 20 de julio.

La amenaza que se cierne sobre el periodo evaluado, entre el 20 de septiembre y 20 de octubre, es la presencia creciente de fuerzas paramilitares cuyas acciones son sistemáticas contra defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales y políticos en las comunidades más afectadas por el conflicto.

“Las estructuras paramilitares continuaron haciendo presencia con ejércitos enteros en los departamentos de Chocó, Meta, Norte de Santander, Bajo Cauca antioqueño, Tumaco y con presencia menos visible en buena parte del territorio nacional. En el Bajo Atrato chocoano su presencia generó el desplazamiento de al menos 150 familias”, señala el informe.

Pero la persecución no solo es en los territorios, también a los dirigentes políticos que defienden el diálogo de La Habana entre guerrilla y Estado colombiano. La Veeduría Social reclamó por la decisión de la Procuraduría General de la Nación, contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, que fue calificada de revancha por hacer debates de control político contra el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien encabeza su animadversión por los diálogos en Cuba.

En cuanto a la valoración que tienen las organizaciones sociales y políticas que constituyen la veeduría, sobre los cuatro meses que se han mantenido las FARC al margen de la confrontación directa con la fuerza pública, señala el informe: “fue evidente que las FARC-EP tuvieron un nivel de cumplimiento total de su decisión de cese unilateral de acciones ofensivas contra la fuerza pública. Igualmente se destaca la disminución de las acciones ofensivas por parte de las fuerzas militares; aunque se presentó nuevamente una acción de bombardeo. De la misma forma se recogió información sobre otro tipo de acciones militares por parte de la fuerza pública como: ametrallamiento, copamiento militar, campañas psicológicas, empadronamiento, control de remesas y alimentos, detenciones y judicializaciones arbitrarias; además se mantuvieron niveles de presión contra las estructuras guerrilleras y la población civil que habita en regiones de control de este grupo”.

La Veeduría Social denunció que la presencia paramilitar se mantiene en cinco departamentos con batallones de miembros del paramilitarismo que patrullan en las cercanías de algunos municipios de relativa importancia. “Preocupación especial nos produce el número de hombres en armas de estos grupos que patrullan varias regiones; igualmente llama la atención que sus amenazas y mecanismos de presión sean igual o parecidos a los utilizados por las AUC; de la misma forma es muy diciente que las víctimas de las amenazas, hostigamientos y ataques, sean miembros de las mismas organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierra y candidatos y líderes y lideresas políticos de partidos de oposición. Este aumento de la presencia paramilitar, pone en riesgo evidente la capacidad y la voluntad, del Gobierno Nacional, para dar cumplimiento a los acuerdos de paz y brindar garantías a los grupos insurgentes en post acuerdo y a las comunidades y líderes y lideresas sociales”, indica el informe.

La principal recomendación que elevaron los integrantes de la Veeduría Social al cese al fuego unilateral es que el gobierno nacional tome medidas efectivas que conduzcan al desmonte de estructuras paramilitares, incluyendo investigación y sanciones a aquellos funcionarios públicos, principalmente miembros de la fuerza pública, que están apoyando y colaborando con el accionar paramilitar en las regiones.

Fuente: www.semanariovoz.com

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