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miércoles, 23 de diciembre de 2015

“Que investiguen seriamente a Uribe”: abogada María Victoria Fallon


Este año, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue relacionado en instancias judiciales con tres investigaciones: la masacre de El Aro, en Ituango (Antioquia), perpetrada en 1997 por paramilitares y que dejó 15 muertos; el asesinato, en 1998, de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la supuesta complicidad del Estado con los paramilitares en esa masacre; y la operación Orión, una incursión militar en la Comuna 13 de Medellín, en 2002, en la que decenas de personas murieron en el fuego cruzado y muchas otras desaparecieron.

En la otra orilla de estos acontecimientos está María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) que ha llevado estos tres casos ante estrados internacionales, obteniendo hasta ahora dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado colombiano por la masacre de El Aro y el asesinato de Valle Jaramillo.
Este año se ordenó investigar al expresidente Uribe por la muerte de Jesús María Valle, la masacre de El Aro y la operación Orión. ¿Cómo evalúa la relación del expresidente en esos tres casos que usted ha trabajado?
El expresidente Uribe tenía responsabilidades civiles cuando sucedieron estos hechos. Era el gobernador de Antioquia cuando ocurrió la masacre de El Aro, en Ituango. Jesús María Valle se reunió con él en varias oportunidades para pedirle protección para los habitantes de Ituango, reuniones de las que hay actas y constancias. El resultado que obtuvo fue que se fortalecieran las Convivir, que todos sabemos derivaron rápidamente en grupos paramilitares. En muchas oportunidades, cuando él ha sido consultado públicamente sobre esto, dice algo así como “de nuevo están en lo mismo, eso lo están diciendo desde hace 18 años”. El punto es que son 18 años en los que no se ha investigado. No existe ningún tipo de decisión judicial que exculpe o condene al expresidente sobre estos hechos.
En Orión él ya era presidente. ¿Qué pasa en ese caso?
Ocurre exactamente lo mismo. Él era el presidente de la República, dio la orden de que se tomaran las medidas necesarias para que la Comuna 13 fuera controlada por el Estado, lo cual era una orden legítima. Pero de ahí a los excesos que hubo, nunca se ha determinado la responsabilidad de los comandantes de la IV Brigada (general retirado Mario Montoya) y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (general Leonardo Gallego, destituido por la Procuraduría), así como el propio presidente.
¿Cómo avanza el caso de la Operación Orión ante el Sistema Interamericano?
Presentamos varios casos ante la Comisión Interamericana. Uno por violaciones múltiples contra mujeres y lideresas de la Comuna 13. También un caso de desaparición forzada de un comerciante que fue llevado a la zona de La Escombrera, y varios casos de personas que murieron en medio del fuego cruzado. El Ejército hizo y deshizo en la Comuna 13 porque estaba amparándose en una norma del Estado de excepción, promulgado por el presidente Uribe que le daba facultades de policía judicial.Esperamos que la Corte Interamericana se pronuncie en el primer trimestre de 2016 y que declare al Estado colombiano responsable por las violaciones múltiples que ocurrieron durante la Operación Orión.
¿Qué espera para el próximo año ante las solicitudes de investigaciones al expresidente Uribe en estos tres casos?
Lo que esperamos es que con una nueva sentencia de la Corte Interamericana se haga lo que sigue pendiente: una investigación seria de la responsabilidad que tuvo el expresidente Uribe en los hechos relativos a la Comuna 13. Y como lo pedimos en su momento, que se investigue su responsabilidad como gobernador de Antioquia en el asesinato de Jesús María y en los hechos de El Aro. Si la investigación resulta favorable a él, pues felicitaciones. Nuestra bandera no son las condenas, sino la justicia.
¿Se ha sentido en riesgo por los casos que trabaja?
Sí. La época más crítica fue cuando comenzó la persecución contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, por las investigaciones que estaba haciendo (parapolítica). Nosotros, que veníamos investigando actos contra funcionarios judiciales, solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Se sumaron los magistrados María del Rosario González y César Julio Valencia, ampliamente perseguidos por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue una experiencia difícil, tuvimos al DAS encima nuestro por el apoyo a los magistrados. En esa época nuestras comunicaciones fueron intervenidas; mandábamos correos a la Comisión y no llegaban. No sabemos si aún es así. En Colombia es muy difícil saberlo.
¿De qué otras formas han intentado amedrentar su trabajo?
Han sido muchas; lo último fue en el caso de la Operación Orión. Como hay cosas que son absolutamente injustificables en la falta de investigación penal, la defensa del Estado ante la Corte giró mucho en atacar al GIDH. Se trataba de decir que el Estado no había podido investigar porque el GIDH, y sin vergüenza me mencionan a título individual, había impedido que las víctimas acudieran a la justicia. Tuvimos que presentar un largo listado de participación de las víctimas con algún representante del GIDH en las diferentes actuaciones penales para demostrar que era falso. Han puesto quejas disciplinarias de distinto tipo; sin embargo, excepto una que prosperó contra un voluntario, hasta el momento no hemos tenido consecuencias mayores por la persecución judicial.
¿Por qué el GIDH tuvo que cerrar su sede en Medellín?
Sufrimos algunas amenazas serias y concretas que iban orientadas al asesinato de dos personas de la organización por nuestro trabajo. No podemos decir con precisión de dónde vinieron las amenazas porque la investigación de la Fiscalía no lo aclaró.
Después del asesinato de Jesús María Valle, ¿cuál es el trabajo del GIDH sobre la masacre de El Aro?
Cuando lo asesinan, ya teníamos puesta la demanda de la masacre de Ituango (El Aro y La Granja) en el Sistema Interamericano y estábamos en el proceso de documentación. Con ayuda de otros abogados voluntarios, pudimos terminar de armar el caso. Fueron años arduos y largos de trabajo para obtener la sentencia de la Corte Interamericana en 2006. Tristemente al trabajo de esos dos casos tuvimos que unir el del asesinato de Jesús María.
¿Cómo ha sido el proceso judicial por el asesinato de Valle Jaramillo?
En una sentencia absurda, el juez de la causa decidió que Carlos Castaño Gil era responsable por la conformación de grupos paramilitares pero inocente por el asesinato de Jesús María Valle. Con relación a los dos autores materiales, los condenó pero los declaró inocentes por la participación en grupos armados. O sea, dejó sin motivo ni fundamento el asesinato de Jesús María. A raíz de eso, era evidente que no se había hecho justicia. Presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, y llegó a la Corte Interamericana, donde el Estado colombiano aceptó responsabilidad por la omisión a la hora de proteger a Jesús María, pero no por su participación (en el asesinato).
Luego viene la Operación Orión, la incursión militar en la Comuna 13, en 2002. ¿Qué papel desempeñaron ahí?
Nosotros empezamos a recibir información de habitantes de la Comuna 13 muchos meses antes de la Operación Orión. En 2002, pedimos una audiencia ante la Comisión Interamericana en Washington para dar a conocer lo que pasaba en la Comuna 13, y nos la otorgaron para el 16 de octubre de 2002. A los pocos minutos de haber iniciado la audiencia, comenzó Orión. O sea, el Estado había sido convocado a dar explicaciones y, al tiempo, mandó delegados a Estados Unidos y programó la Operación Orión, asumiendo una actitud retadora contra la Comisión. Empezaron a aparecer casos concretos; las familias querían que se hiciera justicia por el asesinato o desaparición de sus hijos.
¿Cómo evalúa el proceso en la Escombrera, donde, entre otros, se buscan desparecidos de Orión?
Desde el principio hemos tenido varias críticas grandes frente al proceso de la Escombrera. La primera es que el trabajo se hizo basándose en las declaraciones del paramilitar “Móvil 8”, y en los procesos de las investigaciones de desaparecidos hay testigos que debieron haberse tenido en cuenta. Segundo, que la Alcaldía de Medellín hubiera tenido el protagonismo que tuvo, porque esto es un asunto de carácter judicial, no político. Así como el hecho de que el fiscal que está a cargo es de la Dirección de Justicia Transicional, que no está en coordinación con el fiscal que tiene la investigación de los desaparecidos. Son actividades mediáticas sin un verdadero plan orientado a recoger la información.
Para usted, ¿qué ha significado tres décadas de defensa de los derechos humanos?
La satisfacción es que hay nuevas generaciones que van tomando en sus manos la defensa de los derechos humanos, ya con otras dinámicas. Creo que de manera silenciosa nos constituimos en precursores de algo que hoy se maneja ampliamente, que es todo el tema de la reparación integral, la verdad y la justicia. Yo, personalmente, puedo decir que cumplí mi tarea.
* * *
El expresidente Uribe se defiende
Cuando en octubre pasado el Tribunal Superior de Medellín le solicitó a la Comisión de Acusación del Congreso que investigara al expresidente Álvaro Uribe como presunto promotor de grupos paramilitares, especialmente por los hechos ocurridos en la operación Orión, el expresidente se defendió diciendo que la incursión militar llevó la paz a la Comuna 13 de la capital antioqueña. Además, acusó de subversivo al magistrado Rubén Pinilla, ponente del fallo.
Asimismo, desde que él y su hermano, Santiago Uribe, han sido vinculados con la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, Uribe ha sostenido que nada tuvo que ver con esos crímenes. Hace dos meses, cuando la Fiscalía le ordenó a la Corte Suprema que lo investigara por estos hechos, el hoy senador sostuvo que las acusaciones estaban motivadas por la coyuntura electoral, por las denuncias que el Centro Democrático había hecho sobre irregularidades en la Fiscalía y su oposición al proceso de paz.
 
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