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jueves, 7 de abril de 2016

Investigación de Superindustria confirma la existencia de un "cártel" del papel higiénico


Tras terminar la etapa de investigación del presunto cártel del papel tisú en Colombia, la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia entregó el informe motivado al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en el que le recomienda sancionar a cuatro empresas y exonerar a una por la fijación de precios en productos como el papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara.


Las empresas que el delegado recomienda sancionar son Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda (CyP), tras encontrar en estas compañías la existencia de prácticas restrictivas de la libre competencia económica debido a que hicieron acuerdos desde el año 2000 para fijar, directa e indirectamente, los precios de los productos mencionados, haber compartido información sensible sobre precios futuros y haber concretado sus políticas de mercadeo.

Entre tanto y según pudo establecer W Radio, en el informe se recomienda absolver a Drypers del proceso, al encontrar que solo asistió a dos reuniones con sus competidores pero no participó en el acuerdo de precios.
 
Tres de las cinco empresas involucradas (Kimberly, Familia y CyP) se acogieron al programa de beneficios por colaboración, es decir que delataron la conducta irregular lo que ayudó a establecer que en efecto hubo el mencionado cartel.
 
Con relación a esas empresas, el superintendente delegado solicitó eximir de la sanción a Kimberly y a CyP parcialmente, por acogerse al programa de delación.

Sin embargo, el hecho más relevante de esta investigación se concentra en la recomendación de excluir a Familia de los beneficios suscritos con la SIC en su condición de delatora, porque a criterio de la investigación, esta empresa  incumplió los compromisos adquiridos y faltó parcialmente a la verdad.
 
De acogerse por parte del Súper las recomendaciones y por las características del cartel empresarial, no sería extraño que se impusieran las máximas sanciones legales a todos los involucrados, es decir de una dimensión similar a las del cartel del azúcar.

W Radio pudo conocer que en dos meses, el superintendente Robledo tomará una decisión definitiva sobre este presunto cartel que podría acarrear sanciones de hasta 100 mil salarios mínimos legales vigentes (70 mil millones de pesos) para las empresas y 2000 salarios mínimos legales vigentes (1.400 millones de pesos) para las personas naturales.
 
La ley establece además que para los primeros delatores de estos carteles, en este caso Kimberly, la exoneración de la sanción podría ser del 100%.
 
Además, el informe recomendó que de las 42 personas naturales investigadas desde noviembre de 2014, solo se deben sancionar a 21 entre las que están altos directivos de las compañías mencionadas y que se archive el proceso de las 21 personas restantes.
 
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