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miércoles, 22 de junio de 2016

“Carrusel de abogados” para defraudar Unidad de Víctimas: Gobierno


La directora de la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, denunció que existe un “carrusel de abogados” que viene interponiendo un número excesivo de demandas, que además de representar una carga imposible de responder para la entidad, está revictimizando a los afectados por el conflicto porque se están apropiando de sus recursos.
“Carrusel de abogados” para defraudar Unidad de Víctimas: Gobierno

Según explicó Guillén, a la fecha se han acumulado más de 250.000 tutelas contra esta entidad y si se mantiene la tendencia, para el 2018 habrá más de 600.000 demandas de este tipo contra la nación.
Denunció como un “carrusel de abogados” se viene apropiando de los recursos de la Unidad, al obtener los poderes de las víctimas, para finalmente quedarse con las indemnizaciones, además demandan en diferentes instancias para obtener pagos por varias vías.
Por otra parte, las victimas más vulnerables que vienen haciendo en orden cronológico sus procesos, están quedando en la “cola de la fila”, por las órdenes judiciales que obligan a pagar a los que entablan las demandas de los afectados por el conflicto que tienen recursos para pagar a un jurista.
Precisó que, “hay grupos de abogados que están consiguiendo poderes de las víctimas y son esos abogados y no las víctimas los que se van por las diferentes vías y son esos abogados y no las víctimas los que se quedan con esas indemnizaciones, un carrusel de abogados”.
Señaló como abogados de las víctimas acuden a las cinco vías que tienen dispuestas para obtener la indemnización. Para el Estado “esto no puede seguir ocurriendo porque los recursos de la Nación son finitos y necesitamos reparar a un universo de víctimas muy amplio”, que asciende a más de 8 millones en Colombia.
Estas instancias son, la demanda de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa, los tribunales de Justicia y Paz,la reparación vía administrativa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y procesos judiciales.
Explicó que además de la carga contra la entidad, los funcionarios se ven seriamente afectados por estos procesos sin control.
Es el caso de la ex directora de la Unidad, Paula Gaviria, “tenía 9.000 órdenes de arresto y embargos por $480 millones de pesos por órdenes de tutela”. Incluso debió pedir una autorización para viajar a La Habana, Cuba, para asistir a la mesa de negociación.
Esta información se presentó este martes a la Corte Constitucional, para mostrar la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables, que son las que no tienen capacidad de pagar abogados, donde hacen además un llamado a los jueces para que consideren la realidad del proceso de reparación antes de emitir sus fallos.
 
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