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miércoles, 7 de marzo de 2018

Uribe y los laberintos de la impunidad | #Opinión

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Uribe y los laberintos de la impunidad | #Opinión

Escrito por Hernando Martínez
El pasado 17 de febrero, el país conoció que la Corte Suprema de Justicia, ordenó investigar al senador Álvaro Uribe Vélez por falsa denuncia y, presunta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también congresista Iván Cepeda. En otra decisión la Corte absolvió al senador Iván Cepeda por la acusación de "fraude procesal y de manipulación de testigos en calidad de determinador".

Las manipulaciones judiciales:
  1. La Corte dice, entre otras cosas, que por llamadas interceptadas quedó al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, hombre cercano al expresidente y otras personas, "han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario".

  1. La Corte trasladó las grabaciones y testimonios de tres investigaciones en procesos por presuntos vínculos con paramilitares, contra Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos,

  1. En el caso de Álvaro Uribe, la Corte recordó que desde diciembre del 2014 no hay ninguna decisión en el radicado 45.110, iniciado por una denuncia de Jesús María Valle Jaramillo –asesinado en 1998–, en la cual denunció las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento de La Granja en junio de 1996”. Proceso que está en manos del magistrado Gustavo Malo, investigado por el escándalo del ‘cartel de la toga’.

  1. La Corte ordenó investigar el manejo de la plataforma Esperanza, que es administrada por la Fiscalía General para interceptar llamadas de personas investigadas, Solicitó indagar por qué el 24 y 30 de marzo del 2015, el sistema no grabó las conversaciones de dos números telefónicos que estaban interceptados, el de Juan Guillermo Villegas Uribe y Óscar Monsalve Correa, a quien supuestamente estaban intentando manipular en su testimonio.


  1. También le pidió investigar “la filtración de información contenida en la actuación reservada, la cual tuvo como destinatario al doctor Álvaro Uribe Vélez”, con el fin de determinar cómo se enteró de que el alto tribunal había ordenado interceptar llamadas de testigos en el proceso.


Una posible grieta:
La investigación ordenada por la corte es una prueba de fuego para la imparcialidad y el cumplimiento de su deber de los magistrados, en lo que han fallado muchas veces, tal como se constata en los escándalos que han salido a flote y en la impunidad que reina frente a las responsabilidades de distintos sectores de las elites dominantes y del mismo Uribe con el paramilitarismo. Están de por medio las amenazas y el dinero que rompe las conciencias.

Es posible que el caso no surta efectos y se archive; pero puede ser una leve  grieta que se le abra a la montaña de impunidades hacia la oligarquía y sus aliados narco emergentes y paramilitares.

La impunidad hacia el senador Uribe, es emblemático, pero aún sí le juzgase no sanaría la impunidad que existe en Colombia para quienes ha estado y están en el poder.

La acción terrorista del paramilitarismo y la impunidad que lo ha respaldado,  son producto de la práctica de persecución sistemática que han auspiciado y facilitado las instituciones del Estado colombiano,  contra los movimientos que se oponen al régimen político y al modelo económico. 

Los poderes estatales, financieros, empresariales y del latifundio y los terratenientes,  se aliaron con los grupos mafiosos emergentes para realizar la acción contrainsurgente, degradando al estado, en ello también está comprometida la rama judicial. De esas prácticas corruptas y encubridoras surgieron carteles como el de la toga, que han garantizado impunidad para empresarios, altos mandos militares y parapolíticos.


La Justicia clama cambios. 
El propio fiscal general, quien en su actuar, solo le pone el ojo a los de abajo y a los rebeldes, pero que nunca actúa frente a los de arriba, ni frente a los francotiradores contra la paz, reconoce el alto grado de impunidad existente en el país.

Voces desde el interior de las mismas instituciones judiciales y desde diferentes estamentos de la sociedad, siguen haciendo cuestionamientos de fondo al sistema de justicia del país. Consideran urgente su reestructuración con el fin de separar la justicia de la politiquería, priorizar el castigo a quienes desangran el erario público, que la justicia no sea aplicada solo a los de ruana y que no victimice y degrade a miles de mujeres y hombres que se encuentran hacinados en las cárceles, una justicia que salde la impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estado, una justicia que proteja los derechos humanos de todas y todos los colombianos.

Pero difícilmente, sino imposible, la clase dominante facilitará estos cambios a mutuo propio. Sera sólo la fuerza de la movilización y la presión de la parte popular y democrática del país, lo que los podría obligar a facilitar algunos ajustes que no esten dentro de lo mismo de siempre.

En nuestro caso, apoyaremos todas esas luchas y aspiraciones de cambio y a la vez, continuaremos esforzándonos por mejorar el ejercicio de nuestra propia juridicidad, apegada a la aplicación del derecho internacional humanitario y al respeto a las normas comunitarias.
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